La Corte Suprema de Justicia confirmó recientemente la negativa a la tutela presentada por Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), quien buscaba suspender la medida de aseguramiento que pesa en su contra en el marco del escándalo de corrupción que involucró a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Según la Sala de Casación Penal, no se encontraron elementos suficientes para sostener que se hubieran vulnerado derechos fundamentales como la libertad, el debido proceso, el acceso a la administración de justicia o la defensa del exfuncionario. En la decisión, con ponencia del magistrado Gerardo Barbosa Castillo, se explicó que la acción presentada por González tenía el objetivo de realizar un nuevo juicio frente a lo decidido por el Tribunal Superior de Bogotá, lo cual no es procedente dentro de las funciones de la tutela.
La medida de aseguramiento preventiva, ordenada por el Tribunal Superior de Bogotá, se mantiene vigente, así como la circular roja emitida por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), que permite a las autoridades de los 196 países miembros ubicar y detener a González. La alerta internacional fue emitida en septiembre pasado y avalada por la sede central de Interpol en Lyon, Francia. Además, sigue activa la solicitud de extradición desde Nicaragua, país donde González había recibido asilo.
La Fiscalía General de la Nación ha señalado que existen pruebas que vinculan a Carlos Ramón González con la entrega de contratos y pagos en efectivo a cambio de apoyo a intereses gubernamentales, en lo que constituye el entramado de corrupción de la UNGRD. María Cristina Patiño, fiscal delegada del caso, indicó que González actuó “con dolo directo, al conocer los hechos constitutivos de la conducta punible y ordenar la entrega de sobornos contraviniendo el ordenamiento jurídico”.
Este caso ha mantenido la atención de la opinión pública debido a la magnitud de los recursos involucrados y al impacto que tuvo la corrupción en la gestión de riesgos del país. La decisión de la Corte Suprema refuerza la importancia de garantizar el debido proceso y demuestra que las acciones judiciales en Colombia buscan mantener la transparencia y la justicia en casos de alto perfil.
