El presidente de la Cámara de Representantes, Julián López Tenorio, protagonizó este martes una inusual protesta durante la plenaria del Congreso, al presentarse atado con una cuerda y con la boca cubierta por una tela roja. La acción fue una manifestación de rechazo frente a la sanción impuesta por el Partido de la U, que lo suspendió de su militancia por tres meses.
El gesto de López Tenorio buscó simbolizar la censura que, según él, ha enfrentado desde su propio partido. En sus manos sostenía un cartel con el mensaje: “Nos pueden intentar callar, pero no podrán apagar la verdad. A mi familia, a mis amigos y al país les digo: ánimo, ¡vamos pa’lante!”. Con ello, el congresista expresó su desacuerdo frente a la decisión del Consejo Nacional Disciplinario y de Control Ético del partido, que abrió una investigación formal por promover la corriente política denominada “La Nueva U” en la ciudad de Cali.
El Partido de la U aseguró que no reconoce la existencia de “Nueva U” y señaló que López Tenorio vulneró la unidad del grupo político al iniciar una campaña en redes sociales bajo ese nombre. De acuerdo con los codirectores de la colectividad, Clara Luz Roldán y Alexander Vega, la sanción implica que el congresista no podrá continuar ejerciendo la presidencia de la plenaria de la Cámara mientras dure la investigación, ya que su permanencia en ese cargo podría comprometer la autonomía del partido y afectar los trámites legislativos de la corporación.
La protesta de López Tenorio generó diversas reacciones entre sus colegas y en redes sociales, donde se discutió el alcance de la sanción y la libertad de acción de los congresistas dentro de sus partidos. Algunos analistas políticos han señalado que este tipo de acciones visibiliza tensiones internas en las colectividades políticas y cuestionamientos sobre la independencia de los parlamentarios para promover iniciativas dentro y fuera de sus partidos.
La situación mantiene en foco la discusión sobre la autonomía de los congresistas frente a las directrices de sus partidos y el rol de los organismos disciplinarios internos en casos de discrepancia política, un tema que seguirá siendo observado tanto en el ámbito legislativo como en la opinión pública.
