En medio de la controversia generada por su inclusión en la llamada Lista Clinton, la primera dama de Colombia, Verónica Alcocer, enfrenta una nueva acusación judicial que aumenta la presión sobre el entorno presidencial. Este miércoles fue radicada una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación, en la que se señalan presuntas irregularidades en la contratación de servicios personales y de asesoría en imagen que habrían sido pagados con recursos públicos.
El denunciante, Juan Carlos Portilla, aseguró que existen indicios de que Alcocer habría autorizado pagos que superan los mil millones de pesos, destinados a gastos de maquillaje, estilismo y asesorías de imagen personal. Según Portilla, estos recursos provendrían de fondos públicos o habrían sido desviados de su propósito original, lo que configuraría posibles delitos relacionados con el uso indebido de dineros del Estado.
En declaraciones a la revista Semana, el denunciante explicó que la acción judicial se sustenta en materiales audiovisuales y en información difundida por distintos medios de comunicación. En dichos registros se evidenciarían gastos directamente relacionados con la agenda pública y las apariciones institucionales de la primera dama. Portilla aclaró que su denuncia no tiene motivaciones políticas, sino que busca establecer si hubo irregularidades o abuso de poder en la ejecución de esos contratos.
“Se trata de una presunta estafa en favor de terceros. A través de artificios y simulaciones en la contratación y facturación se habría obtenido un provecho patrimonial en beneficio de la denunciada y de otras personas, generando un perjuicio para quienes aportaron o dispusieron los recursos”, señaló el denunciante.
El caso surge en un momento especialmente sensible para el Gobierno nacional, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyera en la Lista Clinton a Alcocer, al presidente Gustavo Petro y a varios integrantes de su círculo cercano. Esta medida restringe el acceso de los señalados al sistema financiero internacional y se aplica a personas o entidades que presuntamente estarían vinculadas con hechos de corrupción o lavado de activos.
Además, el escándalo ha reavivado el debate sobre el papel institucional que Alcocer ha mantenido dentro del Gobierno, pese a las declaraciones recientes del presidente Petro, quien admitió que su relación con la primera dama “lleva años separada”, aunque sin un proceso formal de divorcio. Este detalle ha sido utilizado por sectores críticos para cuestionar la legitimidad de su participación en actividades oficiales y representaciones protocolarias del Ejecutivo.
Hasta el momento, ni Verónica Alcocer ni sus representantes legales han emitido pronunciamiento público sobre la denuncia. Sin embargo, el caso amplía el cerco de cuestionamientos en torno a la figura de la primera dama, quien pasa de ser acompañante del mandatario a protagonista de un complejo panorama político y judicial.
La Fiscalía General de la Nación deberá evaluar los elementos aportados por el denunciante y determinar si procede abrir una investigación formal. De confirmarse las acusaciones, el caso podría convertirse en un nuevo capítulo dentro de las controversias que rodean al actual Gobierno nacional.
