La Corte Suprema de Justicia de Colombia negó recientemente la solicitud de nulidad presentada por la defensa del representante a la Cámara Miguel Polo Polo, quien enfrentaba un proceso judicial por el delito de hostigamiento agravado. La petición de nulidad argumentaba una supuesta vulneración del debido proceso, pero el alto tribunal determinó que no se presentaron irregularidades en la actuación judicial y que el proceso penal continuará su curso sin modificaciones.
El caso tiene su origen en el 14 de noviembre de 2023, cuando el congresista publicó en su cuenta de X mensajes y videos que generaron polémica. Entre ellos se encontraba un mensaje que decía: “¡Gloria a los soldados, plomo a los guerrilleros!”, acompañado de un video en el que se quemaba una bandera del grupo armado M-19, mientras una voz en off se refería al movimiento como una “manada de guerrilleros asesinos”.
Posteriormente, Polo Polo difundió otro video en el que se incineraba un muñeco con el rostro del presidente Gustavo Petro, acompañado de símbolos del M-19 y expresiones que fueron interpretadas como incitación a la violencia. Estas publicaciones llevaron a que, el 16 de noviembre de 2023, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema abriera investigación por hostigamiento, amenazas e instigación a delinquir.
El 6 de febrero de 2024, el congresista fue formalmente acusado como probable autor de hostigamiento agravado. La acusación se fundamentó en que utilizó un medio de difusión masiva y actuó en su calidad de servidor público. La defensa de Polo Polo solicitó la nulidad de la acusación, alegando que la Corte habría ampliado indebidamente los hechos originalmente atribuidos, pero la Sala Especial determinó que no se habían agregado hechos nuevos al expediente. Según el tribunal, lo que se hizo fue valorar otras publicaciones del congresista para comprender su perfil comunicacional y el contexto en el que se difundieron los mensajes investigados.
Con esta decisión, el proceso legal en contra de Miguel Polo Polo sigue adelante bajo las normas previstas, reafirmando que la investigación se mantiene dentro del marco de la ley y respetando el debido proceso. La Corte Suprema dejó claro que, a pesar de las solicitudes de la defensa, no existieron irregularidades que justifiquen la anulación de la acusación, consolidando así la continuidad del procedimiento judicial.
