La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Edwin Mauricio Mira Sepúlveda, exalcalde de Ituango durante el período 2020-2023, por aparentemente no presentar ni publicar su declaración de bienes y rentas en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep), obligación que tienen todos los servidores públicos según la ley.
El caso fue delegado a la Procuraduría Provincial de Instrucción de Yarumal, que será la encargada de llevar a cabo la investigación para determinar si Mira Sepúlveda incurrió en una falta grave cometida a título de dolo. De confirmarse, esto podría derivar en sanciones administrativas e inhabilidades para ocupar cargos públicos en el futuro.
No es la primera vez que el exmandatario está en el ojo del huracán. Durante la etapa final de su mandato en 2023, fue suspendido por tres meses e investigado por supuestos incumplimientos en los pagos de nómina del personal de la Alcaldía. En ese momento, funcionarios y contratistas denunciaron que se les adeudaban hasta seis meses de salario, lo que generó protestas frente a la Alcaldía de Ituango. Mira Sepúlveda defendió su actuación señalando una crisis financiera del municipio como causa de los retrasos.
Adicionalmente, durante su administración, el exalcalde denunció amenazas de muerte por parte de disidencias de las FARC, específicamente de los frentes 18 y 36, indicando que se había convertido en el objetivo militar número uno de estas estructuras delictivas, lo que limitaba su libertad de movimiento y la seguridad en el casco urbano del municipio.
La investigación actual busca determinar la responsabilidad del exalcalde en el incumplimiento de la declaración de bienes, un requisito legal fundamental para garantizar la transparencia en el ejercicio de la función pública.
En un caso paralelo, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos a la exalcaldesa de Hispania, Leidy Johana Cardona Rueda, por su presunta participación en un desfalco de $3.780 millones durante su mandato. Según el ente investigador, Cardona Rueda habría actuado como coautora de la pérdida de estos recursos, por lo que se le imputaron los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público. Este desfalco habría ocurrido entre el 18 de marzo de 2022 y el 30 de diciembre de 2023, afectando las finanzas del municipio y generando un fuerte impacto en los servicios locales.
La Procuraduría y la Fiscalía continúan con las investigaciones para establecer posibles responsabilidades legales y administrativas de los exfuncionarios, mientras la ciudadanía y las autoridades locales siguen de cerca estos casos que involucran la transparencia y el manejo de recursos públicos en Antioquia.
