La Fiscalía General de la Nación solicitó que Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, sea enviado a la cárcel mientras avanza la investigación en su contra por presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público, tráfico de influencias y peculado por apropiación.
El caso se conoció durante una audiencia llevada a cabo este martes en un juzgado de Barranquilla, donde la fiscal Lucy Laborde presentó los argumentos que sustentan la solicitud de privación de libertad. La investigación indica que, desde 2021, Petro habría participado activamente en un esquema de contratación irregular entre la Fundación Consciencia Social (Fucoso) y la Gobernación del Atlántico, durante la administración de la gobernadora Elsa Noguera.
Según la Fiscalía, Nicolás Petro habría coordinado estas contrataciones junto con su entonces pareja sentimental, Day Vásquez, así como con otras personas implicadas, entre ellas el exsecretario general del Atlántico Raúl Lacouture, Pedro Name y Gustavo de la Ossa, representante legal de Fucoso. La fiscalía sostiene que Petro daba instrucciones directas a Vásquez para que gestionara toda la operación, incluyendo los contactos y adecuaciones contractuales necesarias, obteniendo beneficios económicos propios.
Gran parte del expediente se ha construido gracias a la colaboración de Day Vásquez, quien entregó su celular a los investigadores, permitiendo extraer información clave, incluidos audios que evidenciarían la coordinación de Petro y los demás implicados en la ejecución de los contratos. En uno de estos audios, se escucha cómo Vásquez organiza los pasos para formalizar los contratos con los directivos de la fundación, lo que respalda la hipótesis de que Nicolás Petro sería la “cabeza” del entramado.
La Fiscalía sostiene que esta presunta estructura de corrupción funcionaba de manera jerárquica y organizada, con Petro ejerciendo influencia sobre los funcionarios de la Gobernación del Atlántico a través de su círculo cercano. Hasta el momento, otros implicados mencionados en la investigación aún no han sido llamados a imputación.
Las autoridades continúan con las investigaciones y evaluarán si Nicolás Petro debe permanecer privado de la libertad mientras se desarrollan las diligencias judiciales correspondientes. Este caso ha generado gran expectativa en el país debido a la relevancia política de los involucrados y el presunto impacto de los contratos irregulares en recursos públicos destinados a la atención de población vulnerable, especialmente adultos mayores en la región Caribe.
