La seguridad penitenciaria en Antioquia está en el centro de la atención tras la reciente fuga de Darío Arcadio Zapata, alias “El Zorro” o “El Flaco”, un recluso con historial como exguerrillero capturado en 2016 y condenado a más de 30 años de prisión por delitos graves como secuestro extorsivo, extorsión, desplazamiento forzado y concierto para delinquir.
Según denunció la concejal de Medellín, Claudia Carrasquilla, la evasión, ocurrida el pasado 8 de diciembre, se dio en un contexto de relajación extrema de los controles dentro del penal, lo que representa, según la corporada, un serio riesgo para la seguridad del establecimiento y la comunidad en general.
Fuentes internas del penal indicaron que, mientras se llevaba a cabo la fuga, se habría realizado una presunta fiesta dentro de la cárcel, en la que habrían participado cabecillas de estructuras criminales del Valle de Aburrá. En la celebración habría presencia de licor, mujeres y circulación libre entre patios y oficinas, incluso con personas que pernoctaron en zonas educativas del penal.
El recluso logró escapar del pabellón 2, atravesar áreas administrativas y salir por la puerta habitual de ingreso de abogados, saltando un muro sin que se activaran los mecanismos de vigilancia. Según las fuentes, la fuga estaba planificada, ya que días antes Zapata había sido notificado de una nueva imputación por ocho homicidios y un caso de desaparición forzada en el municipio de Valdivia.
La concejal Carrasquilla calificó los hechos como una crisis de seguridad y un acto de negligencia institucional, señalando además la posible presencia de corrupción y permisividad dentro del establecimiento penitenciario. La corporada anunció que llevará el caso a los entes de control competentes y realizará un seguimiento permanente para garantizar que se tomen medidas correctivas y se investigue la responsabilidad de los involucrados.
Este incidente ha generado preocupación en la comunidad y en las autoridades, pues evidencia la fragilidad del sistema penitenciario en Antioquia, especialmente en establecimientos donde permanecen cabecillas de estructuras criminales y personas vinculadas a procesos de alta peligrosidad. Las autoridades locales y nacionales se encuentran evaluando medidas inmediatas para reforzar la seguridad y evitar que situaciones similares se repitan.
