La conmemoración de los 40 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia reabrió el debate sobre la responsabilidad penal del M-19, la organización guerrillera involucrada en los hechos de noviembre de 1985. Aunque el grupo recibió un indulto tras los acuerdos de paz de los años 90, el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, recordó que esto no exime a los responsables de responder por los crímenes cometidos.
Según Ibáñez, los días 6 y 7 de noviembre de 1985 la justicia fue atacada “a sangre y fuego por un grupo que los jueces en sus sentencias calificaron como terrorista, que pasó por encima de la Constitución y de la ley y que violó el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario”. El magistrado advirtió que estos actos no pueden ser “ovacionados ni romantizados”, aunque reconoció que la actuación de las fuerzas militares y de policía fue “excesiva, caótica y desproporcionada”.
El presidente de la Corte destacó que muchas víctimas y familiares siguen esperando respuestas y que la impunidad continúa siendo una herida abierta. A pesar de los avances realizados por la Comisión de la Verdad, creada por la propia Corte Suprema de Justicia, “es muy poco lo que se sabe”, aseguró Ibáñez, y agregó que los pactos de silencio han impedido esclarecer toda la verdad sobre lo ocurrido.
Ibáñez recordó que, según el derecho internacional, no pueden amnistiarse ni indultarse delitos como genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. Asimismo, destacó que la jurisprudencia de la CorteIDH rechaza las amnistías que fomenten la impunidad y desconozcan los derechos de las víctimas.
En su intervención, el magistrado subrayó que “40 años después, Colombia aún es titular de una deuda de verdad pendiente que sigue torturando a las familias de los desaparecidos y sobrevivientes. Los responsables deben hablar. Le deben al país, a la justicia y a las víctimas, la verdad sobre lo ocurrido”.
Finalmente, Ibáñez enfatizó que la justicia y la verdad deben prevalecer por encima de todo y que los jueces y magistrados actuales y futuros deben honrar la memoria de quienes sacrificaron su vida defendiendo el orden constitucional y los derechos humanos. “La salvaguarda y protección del orden constitucional, de la justicia, de la integridad de la Nación y de la defensa de los derechos humanos, es lo que debe siempre prevalecer, por encima del terror, de los discursos de odio, del miedo y de la violencia”, concluyó.
