La Corte Constitucional emitió una orden urgente para que la Alcaldía de Bogotá y la comunidad indígena emberá procedan a evacuar en un plazo máximo de 15 días la Unidad de Protección Integral (UPI) La Rioja, ubicada en el barrio Eduardo Santos, en el centro de la capital. La medida busca proteger la vida de los más de 300 habitantes del albergue, en su mayoría niños, niñas y adolescentes, ante un riesgo inminente de colapso e incendio.
El fallo, contenido en el Auto 1734 de 2025 y firmado por los magistrados Héctor Carvajal y Natalia Ángel Cabo, señala que las condiciones del inmueble, que pertenece al Idipron, representan un peligro serio y requieren acción inmediata. Las inspecciones realizadas por el Idiger, la Secretaría de Salud y la Personería Distrital evidenciaron fallas eléctricas, hacinamiento, filtraciones y acumulación de basuras, que podrían derivar en explosiones, derrumbe de techos y propagación de enfermedades.
Además de la Alcaldía y el Idipron, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) deberá identificar en un plazo de cinco días un predio cercano a Bogotá que pueda funcionar como refugio temporal, en caso de que el traslado a la UPI La Florida no sea viable. Por su parte, el Idipron tendrá tres días para certificar que este traslado no afectará la prestación de sus programas sociales, mientras que el Idiger debe entregar extintores en el sitio en un máximo de 24 horas.
El alto tribunal aclaró que la medida no genera un daño desproporcionado, aunque podría afectar la comercialización de artesanías y otras actividades de la comunidad, considerándola necesaria para salvaguardar la vida de los habitantes.
Actualmente, en La Rioja permanecen alrededor de 388 personas, según la Personería de Bogotá, de las cuales más de la mitad son niños, niñas y adolescentes. Desde 2023, el albergue funciona como un refugio temporal para familias emberá desplazadas por el conflicto armado, aunque originalmente había sido diseñado para atender a jóvenes en riesgo de habitar la calle. Con el paso del tiempo, la estancia en La Rioja se volvió casi permanente para muchas familias.
El Idipron liderará el proceso de desalojo, ofreciendo a las familias una salida voluntaria con apoyo en arriendo temporal de seis a nueve meses, gestionado a través de la Secretaría de Integración Social y la Consejería de Paz. No obstante, si la comunidad se niega a trasladarse, no se descarta una evacuación forzada para garantizar el cumplimiento de la orden judicial y la seguridad de los habitantes.
Esta medida busca atender la emergencia humanitaria y estructural del albergue La Rioja, resaltando la necesidad de acciones inmediatas para proteger a los niños y adultos que allí viven, y subraya la importancia de brindar garantías y acompañamiento durante la reubicación de las familias afectadas.
