La Fiscalía General de la Nación abrió una noticia criminal para esclarecer posibles irregularidades en recientes operativos militares que dejaron la muerte de 15 menores de edad en varias regiones del país. La investigación busca determinar si se aplicaron correctamente los protocolos del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y si hubo alguna conducta penal por parte de los responsables.
Según informó el ente acusador, se solicitará a la Justicia Penal Militar la remisión de todos los registros operacionales recogidos antes, durante y después de los bombardeos, con el fin de reconstruir la planeación de las operaciones y las decisiones tácticas adoptadas por las Fuerzas Militares. Esta medida permitirá evaluar si el trabajo de inteligencia tuvo en cuenta la posible presencia de menores de edad en las zonas bombardeadas o en los campamentos objetivo.
Paralelamente, la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos abrió una línea de investigación para establecer responsabilidades en el posible reclutamiento ilícito de los menores fallecidos por parte de las disidencias de Iván Mordisco. La combinación de estas investigaciones busca ofrecer un panorama integral de los hechos y determinar las posibles responsabilidades de todos los actores involucrados.
Operativos donde fallecieron los menores
De acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, los hechos se registraron en los departamentos de Amazonas, Arauca y Guaviare:
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26 de agosto en El Retorno, Guaviare: 8 víctimas, de las cuales 3 eran menores de edad.
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7 de octubre en Puerto Santander, Amazonas: 4 víctimas, todas menores de edad.
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10 de noviembre en Calamar, Guaviare: 20 víctimas, 7 menores de edad.
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13 de noviembre en Puerto Rondón, Arauca: 8 víctimas, 1 menor de edad.
Estos operativos se desarrollaron como parte de la estrategia de las Fuerzas Militares para enfrentar a grupos armados ilegales, pero los resultados han generado preocupación por el impacto sobre la población civil y, en particular, sobre los menores de edad.
Investigaciones paralelas y responsabilidades
La Fiscalía Militar y Policial también inició una investigación formal sobre la operación en Calamar, con el objetivo de evaluar si los procedimientos empleados por la fuerza pública se ajustaron a los principios legales vigentes para el uso legítimo de la fuerza.
Por su parte, la Procuraduría General de la Nación abrió cinco investigaciones preliminares sobre los operativos militares en Guaviare y otras regiones del país, buscando determinar si hubo incumplimiento de deberes por parte de los funcionarios públicos.
Estas acciones reflejan la preocupación de las autoridades por garantizar la protección de los derechos humanos y el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario en medio de los enfrentamientos con grupos armados ilegales. La Fiscalía reafirmó su compromiso de investigar todas las conductas que puedan constituir delitos y asegurar que los responsables respondan ante la justicia.
Contexto humanitario y militar
La muerte de menores en operativos militares se suma a un complejo panorama de violencia en algunas regiones del país, donde las comunidades rurales enfrentan desplazamientos, confinamientos y restricciones a la movilidad por la presencia de grupos armados ilegales. Estas situaciones han llevado a que la sociedad y las autoridades mantengan un seguimiento estricto sobre las operaciones militares y la protección de la población civil, especialmente de los niños y adolescentes.
Con estas investigaciones, la Fiscalía y la Procuraduría buscan garantizar transparencia, rendición de cuentas y respeto por los derechos humanos, asegurando que todas las acciones de la fuerza pública se ajusten a los estándares legales nacionales e internacionales.
