Colombia vivió un contraste económico significativo en apenas una semana. El 15 de diciembre, The Economist reconoció al país como la cuarta economía con mejor desempeño de la OCDE en 2025, un logro que fue destacado por el presidente Gustavo Petro, quien resaltó que esta distinción atrae la atención de empresarios nacionales e internacionales interesados en invertir y dialogar con el país.
Sin embargo, apenas siete días después, el 22 de diciembre, el Gobierno firmó el decreto que declara la emergencia económica, una medida destinada a enfrentar los retos financieros proyectados para el 2026. Este cambio ha generado preguntas sobre cómo un país que se encuentra en los primeros puestos del ranking mundial necesita recurrir a medidas extraordinarias para mantener la estabilidad económica.
Expertos explican que, aunque el crecimiento del PIB colombiano fue del 3,4% este año, este avance se ha sostenido principalmente a través del gasto público elevado y el consumo de los hogares, más que por un aumento real en la productividad del país. Este modelo de expansión genera un déficit fiscal histórico. Según cifras del Ministerio de Hacienda, el gasto público alcanzó $412,4 billones, mientras que los ingresos solo llegaron a $296,3 billones, resultando en un déficit de $115,9 billones, equivalente al 6,5% del PIB. Analistas del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana advierten que este desbalance refleja un desorden administrativo y una sobreestimación sistemática de los ingresos del Estado.
La declaratoria de emergencia económica busca recaudar cerca de $16 billones mediante impuestos a los patrimonios más altos y la implementación de una sobretasa al sector financiero. Sin embargo, esta medida ha sido cuestionada por constitucionalistas y gremios, quienes consideran que carece de fundamentos técnicos y jurídicos sólidos, y que representa un precedente preocupante para la democracia, al permitir que el Ejecutivo apruebe por decreto lo que no pudo concertar en el Congreso.
A esto se suma el reciente anuncio del Gobierno sobre la colocación de Títulos de Tesorería (TES) por $23 billones, adjudicados a Pacific Investment Management Company (Pimco) a una tasa de 13,15%. Esta operación tiene como objetivo aliviar tensiones de liquidez, pero también refleja que gran parte del crecimiento económico actual se sostiene con endeudamiento. La deuda bruta del Gobierno Nacional Central alcanzó en octubre de 2025 el 64,1% del PIB, el nivel más alto desde 2001, superando incluso los registros durante la pandemia. Entre agosto de 2022 y octubre de 2025, el endeudamiento aumentó en aproximadamente $376 billones, según Diego Montañez-Herrera, magíster en Economía.
En resumen, aunque Colombia muestra cifras alentadoras en ciertos indicadores macroeconómicos, el crecimiento se financia principalmente con gasto público elevado y endeudamiento, lo que plantea retos significativos para la estabilidad fiscal y económica en los próximos años. La combinación de reconocimiento internacional y emergencia económica evidencia la complejidad del panorama económico colombiano y la necesidad de medidas sostenibles que garanticen un crecimiento real y equilibrado.
